Sanidad dio facilidades por «buena fe» a una empresa que le vendió guantes al 500% y que nunca recibió

El Ministerio de Sanidad intentó a la desesperada que la empresa Member of the Tribe le entregase 52 millones de guantes de nitrilo con un sobrecoste del 500% y por los que había desembolsado 5.564.000 euros. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) amplió el plazo de entrega in extremis tras incumplir la empresa el periodo inicialmente pactado por contrato. Esta compra es una de las que el Partido Popular ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción por la sospecha de irregularidades.

Según se desprende del documento de resolución del contrato «por incumplimiento de la empresa contratista», al que ha tenido acceso OKDIARIO, el procedimiento de contratación estuvo plagado de sobresaltos. El Ingesa -organismo encargado de gestionar la compra- admite que «ante la situación de agudo desabastecimiento en España de guantes de nitrilo, en aras a la buena fe y en base a la (supuesta) firme voluntad manifestada por la empresa de cumplir el contrato» amplió a Member of the Tribe el plazo de entrega del material. Pero este segundo plazo también resultó fallido y Sanidad nunca recibió los guantes. Transcurridos dos años, aún no se han recuperado 1,6 millones de euros que el Gobierno adelantó en la compra.

Sanidad desembolsó 5,5 millones de euros por 52 millones de guantes pero, en junio de 2020, y «ante el retraso en el envío de los suministros» remitió un escrito a la empresa «interesándose por el estado de la entrega». Ésta respondió que, efectivamente, el proveedor no había facilitado aún la mercancía.

«Ante la grave situación provocada ante la falta de entrega del material contratado y en aras a encontrar una solución rápida» se celebró una reunión en la que Member of the Tribe «reconoció haber incumplido el contrato, pero negó que fuera por causas imputables a la misma». Incluso «calificó al propio Ingesa como culpable de la falta del suministro de guantes, al no haber cumplido, según su versión, con los plazos del pago estipulados en el contrato», según consta en el texto consultado. Sanidad asevera que este hecho es «totalmente incierto».

El Gobierno inició entonces el procedimiento para resolver el contrato pero «ante la situación de agudo desabastecimiento de guantes de nitrilo» decidió «concederle un periodo adicional» de otros diez días.

Sin embargo, nuevamente, «no se realizó ninguna actuación para la correcta ejecución», quedando de nuevo sin entregar los 52.000.000 de guantes de nitrilo que habían sido comprometidos. La empresa solicitó una nueva ampliación de plazo, de ocho semanas, a lo que el Gobierno se negó, declarando resuelto el contrato. El asunto acabó en los tribunales. Member of the Tribe defiende que en ningún caso el incumplimiento le es imputable.

Sobrecoste

En el documento, Sanidad admite el pago de sobrecostes en el material -0,10 euros por guante-y lo defiende por «la necesidad acuciante» y «el desabastecimiento en el mercado», además de la urgencia de «disponer inmediatamente de los guantes».

Este contrato es uno de los que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción. En su denuncia, los populares piden que se investiguen contratos y ayudas por importe de más de 326 millones de euros, entre ellos, las concedidas a la empresa vinculada a los padres de Pedro Sánchez, Playbol, y a Beedigital, de la que forma parte el marido de la vicepresidenta económica Nadia Calviño y que gestiona el reparto de fondos UE. Ambas destapadas por OKDIARIO.

En el caso de Member of the Tribe, la denuncia del PP destaca que «los contratos se tramitaron por el procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia, por lo que no se solicitaron ofertas, procediendo a la adjudicación de la empresa de forma directa» y que «su objeto social nada tiene que ver con el suministro de productos sanitarios como era el objeto de la contratación indicada y, por lo publicado por la prensa, no había concertado hasta dicho momento contrato alguno con las administraciones sanitarias».

«No consta que hubiese una comprobación de la correlación del objeto social de la empresa con el de los contratos o su solvencia económica a la hora de comprobar la idoneidad de la empresa para ser adjudicatario, sin que se haya justificado de forma expresa su no necesidad», señalan también en su denuncia.

Destacan, asimismo, que el precio de la unidad fue de 0,10 euros, «lo cual representaba un coste mucho mayor del que en esas mismas fechas ofrecieron otros proveedores». En concreto, «hasta un 500% más».

El PP destaca que «la Administración no ha recuperado todavía, a pesar de haber transcurrido dos años, el importe de 1.669.200 euros que fueron adelantados, con el consiguiente perjuicio patrimonial para la Administración y el correcto funcionamiento de los servicios sanitarios afectados».